Apertura del Mercado de las Telecomunicaciones

El gobierno de Costa Rica ha anunciado, reiteradamente, que la ruptura del monopolio en el área de las telecomunicaciones no es negociable en el marco del TLC USA-CA ni en ningún otro. Esta posición, sin embargo, es totalmente injustificable, tanto en el ámbito moral (estado de derecho(s) humanos) como en el económico.

1 El imperativo moral. Existen al menos tres razones de orden moral para la ruptura del monopolio en el área de las telecomunicaciones y la privatización del ICE.

• Al monopolizar los mercados, el gobierno comete una doble violación de uno de nuestros derechos humanos fundamentales: la libertad económica. Por una parte, le prohíbe al individuo su participación en el mercado como proveedor del servicio, conculcando así su derecho de servir a los demás, un derecho cuyo ejercicio es fundamental para la paz y la prosperidad.
  
  
• Se le prohíbe aprovisionarse del servicio de otra fuente que no sea el monopolio; o sea, se le niega el derecho a la elección, el cual constituye la esencia misma de la democracia. El derecho humano a la libertad económica implica que cada individuo debe gozar de absoluta libertad para adquirir los bienes y servicios que le sean ofrecidos, sin importar que el oferente sea nacional o extranjero, el Estado o un agente privado, ni si está ubicado dentro o fuera del país.
  
  
• En el mercado de las telecomunicaciones, el gobierno comete la inmoralidad de actuar como juez y parte. El gobierno es el regulador (juez) y a la vez el productor del servicio (parte) que él mismo regula. En una sociedad decente, esta inmoralidad por sí sola sería suficiente para exigir la privatización del ICE.
  

2 El imperativo económico. En lugar de escasez y precios elevados, la riqueza de cualquier sociedad está en la abundancia y precios bajos de los bienes y servicios que el ser humano emplea para satisfacer sus necesidades y deseos. Al facilitar la comunicación y reducir los costos de la gestión empresarial, el servicio telefónico genera o permite generar riqueza. Y cuanto más barato y abundante sea, más riqueza se genera.

Más de un siglo de observación y análisis confirma, inequívocamente, que cualquier empresa que opere en condiciones monopólicas, sea estatal o privada, aumenta sus ganancias al poder cobrar más (y vender menos) por el servicio que lo que cobraría (y vendería) si tuviera que competir con otras empresas en el mercado. Si no se comportara de esta manera, de nada le serviría su privilegio monopólico y le daría lo mismo que otros participaran en el mercado. Por el contrario, en un mercado con competencia, para poder obtener más ganancias, la empresa debe vender más servicio -en cantidad y calidad- y a un menor precio que bajo la estructura de mercado monopólica, porque si cobrara más y ofreciera menor calidad, sus competidores le quitarían los clientes y lo sacarían del mercado. Esta constante lucha por el favor de los consumidores o clientes hace que el precio que finalmente prevalezca en el mercado sea el más bajo posible. En síntesis, los monopolios legales son contrarios a la generación de riqueza.

3 El absurdo económico. El monopolio estatal absorbe recursos que, para la sociedad, serían mucho más productivos en otras áreas. Es absolutamente absurdo que el gobierno mantenga una fortuna congelada en actividades donde el sector privado está ansioso por invertir, mientras carece de suficiente infraestructura y de otros servicios públicos indispensables para el desarrollo. La privatización liberaría esos recursos, permitiéndole al gobierno ampliar y mejorar las obras de infraestructura, así como otros servicios.

4 Sofismas económicos. Hasta ahora, se han utilizado verdaderos sofismas para defender el monopolio del ICE, dos de ellos son: su eficiencia empresarial y el servicio social que presta.

• Eficiencia empresarial. En cuanto a la conveniencia de la estructura de mercado monopólica, el meollo del asunto no estriba en el grado de eficiencia del ICE, sino en cómo aumentar la riqueza de la sociedad a través de más bienes y servicios, lo cual no es compatible con los monopolios. De ahí que, si bien es cierto que es muy conveniente que la empresa estatal sea eficiente, esto no justifica de ninguna manera que se monopolice el mercado.
  
  
• Servicio social. Se dice que el Estado cumple una función social brindando servicios telefónicos a un sector de la población que no puede pagar la totalidad de su costo y, por tanto, no sería atendida por la empresa privada. Y la condición de monopolio le permite sufragar estas pérdidas con las ganancias del mercado lucrativo. Este argumento contiene dos errores fundamentales. El primero radica en que al monopolizar el mercado, muchos ciudadanos se quedan sin el servicio, ya sea porque el Estado no lo brinda en suficiente cantidad (hay personas que luego de pagar deben esperar varios años por el servicio) o porque, en manos del estado, el servicio resulta demasiado caro. El resultado es que, en lugar de hacerlo el mercado, los políticos son los que terminan decidiendo quienes merecen el servicio.
  

El segundo estriba en que la estrategia es pésima. En lugar de monopolizar la actividad para así cumplir con la función social, el Estado podría dejar que las empresas privadas provean el servicio, siempre en competencia, y utilizar los impuestos sobre sus utilidades para atender a las pocas personas excluidas del mercado. De esta manera, una mayor proporción de la población (o toda) disfrutaría del servicio (que es lo que se busca), y, aunque les encante, los gobernantes no tendrían que jugar de Dios, decidiendo a quienes excluir. Además, la riqueza sería mayor.

En síntesis, no existen argumentos racionales para defender la monopolización del servicio en el área de las telecomunicaciones. Todo lo contrario, los argumentos a favor de la apertura y la privatización son irrefutables. Llegó la hora de actuar.