Por un TLC más Humano e Inteligente para Todos

25 de abril de 2003
Dr. Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial

Estimado señor Presidente:

Reiteradamente hemos escuchado sus manifestaciones en pro de la justicia y el bienestar de los costarricenses, en particular los más pobres. Confiamos en ese compromiso, por lo que deseamos manifestarle nuestra intensa preocupación por el intento de algunos de obstruir que los beneficios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos lleguen a todos los costarricenses.

En particular, nos preocupa el anuncio de algunos productores agropecuarios de iniciar una lucha para obtener el compromiso del Gobierno de excluir varios productos agrícolas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y al respecto, le manifestamos lo siguiente:

Consideramos que el tratado comercial con los Estados Unidos debe producir los mayores réditos al país y que las negociaciones no deben desviarse de esta meta para satisfacer presiones de diferentes grupos de interés que solicitan exclusiones perjudiciales a todos los consumidores del país.

Sólo se puede garantizar la prosperidad de un pueblo si se respetan los derechos de los ciudadanos. Como parte integral e imprescindible de estos derechos está el respeto a la libertad económica, que incluye el derecho a comerciar libremente, es decir, el derecho de todos los seres humanos a intercambiar bienes y servicios con otras personas que vivan dentro o fuera de nuestras fronteras. Este derecho debe ser igual para toda la población.

Todo señala que la posición de los negociadores del gobierno está orientada, exclusivamente, a favorecer a los sectores productivos e ignorar los intereses y derechos de la mayoría de la población (los consumidores) en el Tratado de Libre Comercio.

Algunas agrupaciones de productores insisten en utilizar el trillado e insensato argumento de los subsidios estadounidenses y apelar al inválido argumento de la asimetría entre las dos economías para pedir la exclusión de bienes de consumo básico y plazos largos para desgravar otros bienes que son cruciales para el bienestar de los más pobres.

Si el Gobierno acepta excluir productos de la negociación o fijar plazos de desgravación largos estaría tomando una posición que incumple con los dos requisitos antes citados. Por una parte, esa postura viola el derecho los consumidores al libre intercambio de bienes y servicios, mientras que para los productores privilegia ese mismo derecho.

En materia de exclusiones, la posición de la Asociación de Consumidores Libres es que ningún producto debe ser excluido, ya que ello violaría nuestros derechos y nos impediría incrementar nuestro precario estándar de vida. Si se realizaran estudios económicos, sociales y de costo-beneficio al país, quedaría demostrado que las exclusiones son perniciosas. En general, las exclusiones por las cuales históricamente ha luchado el país se deben a la presión de sectores económicamente poderosos y en detrimento del resto de la población.

Si los estudios demostraran nuestro error, estaríamos dispuestos a reconsiderar nuestra posición ya que decisiones tan importantes no deben ser producto de presiones políticas. Además, dado que el Gobierno de la República ha tomado como bandera la transparencia en la función publica, éste debe explicarle a la población los motivos reales por los cuales le impide acceder a productos más baratos y de mejor calidad.

En los anteriores TLC’s que el gobierno ha suscrito con otros países (Canadá, Chile, República Dominicana y países del caribe) se han excluido varios productos (arroz, pollo, leche y otros) muchos de ellos incluidos en la canasta básica alimentaria. La exclusión de esos productos ha significado conservar elevados impuestos a la importación, permitiendo a los productores locales venderle a los consumidores a precios muy superiores de los que prevalecerían con la libre importación.

En favor de los más pobres. Un estudio de Monge y Rosales (1998) indica que el sobreprecio pagado por los bienes excluidos representa el 41% del ingreso real de las 70.000 familias costarricenses más pobres. Dicho de otra forma, si se permitiera importar libremente los productos de la canasta básica alimentaria, las familias costarricenses más pobres podrían aumentar automáticamente sus ingresos en más del 40%. Lo anterior mejoraría sustancialmente la situación de los más pobres y de la población en general.

Siempre se ha argumentado que el permitir la libre importación de productos agrícolas perjudicaría a los pequeños campesinos. Sin embargo el mismo estudio muestra que la producción de los bienes excluidos está fuertemente concentrada en manos de unos pocos. La diferencia de productividad entre grandes y pequeños hace que la exigencia de protección (vía elevados impuestos de importación) genere grandes ganancias a los primeros, mientras la mayoría de pequeños agricultores apenas subsisten.

Se puede afirmar que el proteccionismo perjudica a los más pobres disminuyendo su ingreso real al verse obligados a comprar productos más caros y también perjudica a los pequeños campesinos, también pobres. Este pequeño campesinado es utilizado por los grandes productores, dado el elevado grado de dependencia que existe por la compra de sus cosechas y financiamientos, y de este modo esos grandes productores garantizan sus ganancias. Los pequeños productores quedan condenados a mantenerse en actividades de mera subsistencia. El caso del arroz es probablemente el más evidente y documentado de todos.

Se puede demostrar, con números, que la pérdida de los consumidores que generaría esa postura es varias veces mayor que las ganancias que recibirían los agricultores y empresarios. El país como un todo -el que usted representa- pierde con esa posición.

Existe una posición que demuestra inteligencia, moralidad y humanismo y que cumple con los dos requisitos fundamentales de (1) respetar los derechos (humanos) de todos los individuos que viven en Costa Rica, y (2) beneficiar a la mayoría de los habitantes de este país. Esa posición consiste en: (1) la apertura inmediata a la importación de TODOS los bienes. Para casos muy calificados se debe dar plazos de desgravación rápidos fundamentado mediante estudios técnicos que determinen la mayor conveniencia para el país y (2) compensación para los productores mediante los programas de asistencia. Cabe agregar que la Agenda de Cooperación que acompaña el TLC contempla recursos para ayudar a los pequeños productores a enfrentar la competencia y para la reconversión productiva.

La apertura inmediata reconocería, por primera vez, que los consumidores también somos seres humanos, dignos de los mismos derechos concedidos a los agricultores y empresarios, y permitiría que esos millones de seres se beneficien plenamente del comercio. La compensación a los campesinos, que favorecería sólo a los productores verdaderamente afectados por la apertura y que sería limitada en el tiempo, será un acto de humanismo, digna de una sociedad justa y verdaderamente solidaria.

Dada la importancia del tema, abrigamos esperanzas de que nuestra preocupación sea seriamente considerada por usted.

Nuestro voto de confianza y nuestras mayores muestras de consideración y estima.

Sinceramente,

Juan Ricardo Fernández R.
Presidente, Asociación de Consumidores Libres

cc: Ministro de Comercio Exterior
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