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Artículos
de Opinión
¿A
quién defiende el Semanario?
Adrián Brenes
Secretario de ANFE
Grosso modo, los productores costarricenses de arroz se clasifican
en dos grupos: por una parte, un escaso puñado posee costosa
maquinaria especializada y cosecha grandes cantidades (de arroz
y de dólares); por otra, alrededor de un millar de dueños
de terrenos pequeños los siembran mediante equipo relativamente
barato y adaptable a otros cultivos. A diferencia de la mayoría
de productores costarricenses, los arroceros gozan de un privilegio
descarado: la Corporación Arrocera. Aprobada en el primer
mes de gestión de los actuales diputados, la Corporación
Arrocera impide que el arroz extranjero entre sin aranceles. Sin
embargo, como hay que estar importando arroz porque los productores
nacionales no dan abasto, se compra arroz extranjero (que es mucho
más barato), se vende caro dentro del país y la diferencia
se la deja la Corporación Arrocera, o sea los productores.
El arroz extranjero estadounidense es muy barato porque el Gobierno
de Estados Unidos permite a sus productores que vendan a un precio
más bajo de lo que podrían (para protegerlos) y luego
les regala la diferencia (con recursos financiados por los contribuyentes
estadounidenses). Cuanto más subsidiados estén más
barato venden el arroz. ¡Con un subsidio lo suficientemente
alto podrían incluso regalarnos el arroz!
Si desapareciera el privilegio, el consumidor seguramente dejaría
de comprar arroz caro a los productores costarricenses, que tendrían
que pasarse a otra industria. Para los pequeños esta transición
sería relativamente fácil: simplemente tendrían
que usar su terreno para sembrar otro cultivo con la maquinaria
y equipo que ya poseen o únicamente sufrirían una
pérdida menor (piénsese, por ejemplo, en guadañas
de mano). Para los grandes, sin embargo, la pérdida podría
ser enorme pues su cara maquinaria especializada (imagínese
un tractor con segadora) se volvería inútil.
A pesar de esto, cada persona en el país (incluyendo productores)
podría ganar si todo el arroz se importa. El consumidor tendría
que pagar más que lo que cuesta el arroz importado pero menos
de lo que paga actualmente (por lo que se beneficiaría con
respecto a la situación actual). La diferencia entre lo que
se paga y lo que costaría se regalaría al productor.
Como el productor ya no tendría que producir nada, no incurriría
en costos. Únicamente se le regalaría el equivalente
a algo más del beneficio que ahora recibe (por lo que también
se beneficiaría con respecto a la situación actual).
¿Por qué no se emprende este mecanismo en el que
todos ganaríamos? Porque quedaría en evidencia que
los consumidores tenemos que pagar por un privilegio para los arroceros.
Se volvería más difícil defender esta situación
en la que un alto porcentaje del sueldo de trabajadores pobres (los
más pobres tienden a gastar una mayor proporción de
su ingreso en alimento y una mayor proporción de su alimento
en arroz) va a parar a manos de un rico hacendado arrocero sencillamente
debido a su poder político para promover la Corporación
Arrocera.
Es curioso que en su primera edición de diciembre de 2005
( el Semanario Universidad, en su frenético afán por
desvirtuar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, haya
terminado por defender a los que se enriquecen a costa del pueblo.
También lo es que implícitamente hayan tomado partido
en contra de una medida que transferiría recursos de los
ciudadanos gringos (que terminan pagando el subsidio arrocero) a
los ciudadanos ticos. Cosas veredes
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