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Artículos de Opinión

¿A quién defiende el Semanario?

Adrián Brenes
Secretario de ANFE

Grosso modo, los productores costarricenses de arroz se clasifican en dos grupos: por una parte, un escaso puñado posee costosa maquinaria especializada y cosecha grandes cantidades (de arroz y de dólares); por otra, alrededor de un millar de dueños de terrenos pequeños los siembran mediante equipo relativamente barato y adaptable a otros cultivos. A diferencia de la mayoría de productores costarricenses, los arroceros gozan de un privilegio descarado: la Corporación Arrocera. Aprobada en el primer mes de gestión de los actuales diputados, la Corporación Arrocera impide que el arroz extranjero entre sin aranceles. Sin embargo, como hay que estar importando arroz porque los productores nacionales no dan abasto, se compra arroz extranjero (que es mucho más barato), se vende caro dentro del país y la diferencia se la deja la Corporación Arrocera, o sea los productores.

El arroz extranjero estadounidense es muy barato porque el Gobierno de Estados Unidos permite a sus productores que vendan a un precio más bajo de lo que podrían (para protegerlos) y luego les regala la diferencia (con recursos financiados por los contribuyentes estadounidenses). Cuanto más subsidiados estén más barato venden el arroz. ¡Con un subsidio lo suficientemente alto podrían incluso regalarnos el arroz!

Si desapareciera el privilegio, el consumidor seguramente dejaría de comprar arroz caro a los productores costarricenses, que tendrían que pasarse a otra industria. Para los pequeños esta transición sería relativamente fácil: simplemente tendrían que usar su terreno para sembrar otro cultivo con la maquinaria y equipo que ya poseen o únicamente sufrirían una pérdida menor (piénsese, por ejemplo, en guadañas de mano). Para los grandes, sin embargo, la pérdida podría ser enorme pues su cara maquinaria especializada (imagínese un tractor con segadora) se volvería inútil.

A pesar de esto, cada persona en el país (incluyendo productores) podría ganar si todo el arroz se importa. El consumidor tendría que pagar más que lo que cuesta el arroz importado pero menos de lo que paga actualmente (por lo que se beneficiaría con respecto a la situación actual). La diferencia entre lo que se paga y lo que costaría se regalaría al productor. Como el productor ya no tendría que producir nada, no incurriría en costos. Únicamente se le regalaría el equivalente a algo más del beneficio que ahora recibe (por lo que también se beneficiaría con respecto a la situación actual).

¿Por qué no se emprende este mecanismo en el que todos ganaríamos? Porque quedaría en evidencia que los consumidores tenemos que pagar por un privilegio para los arroceros. Se volvería más difícil defender esta situación en la que un alto porcentaje del sueldo de trabajadores pobres (los más pobres tienden a gastar una mayor proporción de su ingreso en alimento y una mayor proporción de su alimento en arroz) va a parar a manos de un rico hacendado arrocero sencillamente debido a su poder político para promover la Corporación Arrocera.

Es curioso que en su primera edición de diciembre de 2005 ( el Semanario Universidad, en su frenético afán por desvirtuar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, haya terminado por defender a los que se enriquecen a costa del pueblo. También lo es que implícitamente hayan tomado partido en contra de una medida que transferiría recursos de los ciudadanos gringos (que terminan pagando el subsidio arrocero) a los ciudadanos ticos. Cosas veredes…

 

 

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